Explican que no existe claridad acerca de cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina el valor de los bienes raíces.
La semana pasada la Tesorería General de la República (TGR) comunicó que la recaudación por contribuciones de bienes raíces tuvo un alza de 10% nominal en 2024, en relación a lo que ingresó el año precedente.
Este impuesto afecta a más del 40% de las propiedades. Y durante los últimos días ha sido objeto de críticas. Es que los ciudadanos consideran que el cálculo es opaco. Con ello, coinciden algunos especialistas, quienes apuntan que no existe claridad acerca de cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina el valor de los bienes raíces.
«No existen parámetros objetivos»
Entre quienes son críticos con el cálculo del SII en relación al Impuesto Territorial se encuentra Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores. «No existen parámetros objetivos y públicos para el tema de las tasaciones», asegura.
Los especialistas plantean que hay elementos multifactoriales que el SII considera en su cálculo, como la locación, el uso del suelo o la proximidad a transporte y centros comerciales. Jaque piensa, con esto en cuenta, que de todos modos «no existe claridad con cuáles son los criterios».
Según señala, se pueden generar discrepancias «con viviendas de sectores similares que tienen valores distintos. Existe la necesidad de clarificar también el proceso del reavalúo fiscal y su constante arbitrarieidad».
«En ocasiones sucede que los criterios específicos usados para los avalúos no son del todo claros para los propietarios y la disponibilidad de datos aún es limitada», asegura, por su parte, Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Tributaria de KMPG en Chile.
En tanto, Francisco Sackmann, gerente del área Legal y Tributaria de PwC Chile sostiene que por un caso llegaron al Consejo para la Transparencia e instancias judiciales. Se hizo «para que el SII indique qué elementos y/o información utilizó para determinar el valor del metro cuadrado de un área homogénea».
«Esta situación afecta a todos los contribuyentes, quienes ven cómo aumentan sus contribuciones sin un control o mecanismo adecuado de revisión», añade.
El caso de los adultos mayores Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados, indica que aunque la ley determina parámetros generales, todo queda «totalmente entregado a la discrecionalidad del SII».
Pero suma un elemento preocupante. La lógica indica que las personas compran su vivienda cuando son jóvenes, pero, al jubilar, sus recursos bajan.
Que el SII aumente su avalúo «hace imposible que puedan pagar las cuotas de contribuciones, quedando en riesgo de no pagar y ser rematadas esas propiedades (…). Las normas que han procurado reconocer esta realidad, por lo bajo de los montos máximos de avalúo para acceder a la rebaja, no resultan suficientes y los propietarios, normalmente adultos mayores, deben elegir entre pagar las contribuciones o destinar esos ingresos a gastos de vida, quedando expuestos a perderlas», asegura.
Reavalúo 2026
En 2022 fue el más reciente reavalúo de propiedades no agrícolas. Según estimaciones de Póliza Gestión, una consultora especializada en auditoría y corrección de contribuciones, el reavalúo fiscal programado para 2026 implicará una carga repartida por el país.
La tasación sobre la cual se basa se actualiza ya en función de la inflación. El ejercicio asume que la tendencia experimentada a partir de 2019 se mantiene constante, sin considerar factores nuevos que aplique el SII.
En una muestra de comunas se indica, por ejemplo, que si el promedio de contribuciones para una vivienda en Las Condes rondó el millón de pesos en 2022, la estimación —basada en su tendencia hasta ahora— es que llegue a $1,6 millones en 2026.
En una comuna de bajos ingresos como Pozo Almonte, donde el promedio fue de $141 mil en contribuciones en 2022, ya pasó a $536 mil en 2024 y podría subir a $670 mil en 2026.
«Hemos visto un aumento sostenido de este impuesto, que no se justifica a partir del IPC, sino que por gestiones activas del SII sobre el catastro», afirma Sebastián Hudson, fundador y director de la consultora.
Con los vehículos la situación es similar, dice Sackmann, de PwC Chile. Aunque la ley indica que en la aplicación del impuesto al lujo se debe considerar el «valor normal de mercado», el abogado indica que que se deja la determinación al SII.
La entidad «podría eventualmente incurrir en inconsistencias relacionadas con la calidad de los vehículos, sus prestaciones y, consecuentemente, de los valores que se cobran disparmente en casos en que los automóviles son similares o idénticos».
Añade, en la misma línea, que «al descargar desde el portal del SII la tasación realizada para el 2025, si bien existe un detalle por cada tipo de vehículo y marca, no es posible determinar cómo un elemento que posee o no un determinado automóvil afecta su tasación».
