Hubo desvíos significativos, lo que sería un indicio de ingresos menores que lo previsto por el saliente Ejecutivo. Fallidas proyecciones impactarían en la reforma previsional.
Leer noticia en El Mercurio.
Uno de los debates que marcaron la discusión de la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), que impulsó el saliente Gobierno en 2024, fueron las dudas sobre la recaudación proyectada que hubo respecto de la recaudación esperada de 1,5% del PIB en régimen.
Ese debate se retomó a inicios de 2025, en el cierre de la tramitación de la reforma previsional en el Senado. Allí se definió que la principal fuente de financiamiento del aumento del monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) sería la controvertida propuesta antievasión.
Tanto en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026 como en las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda defendió que la normativa que dotó de herramientas más intrusivas al Servicio de Impuestos Internos (SII) sí ha rendido tal como se proyectó en su informe financiero.
Pero con la menor recaudación fiscal de US$ 7.020 millones respecto de lo estimado originalmente para 2025 —que terminó influyendo en el elevado déficit estructural de 3,6% del PIB— se levantaron alertas por el bajo rendimiento que está teniendo la normativa tributaria.
En su último informe sobre desviaciones fiscales, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) explicó que los ingresos tributarios no mineros proyectados para 2025 incorporaban una estimación de la recaudación por la Ley de Cumplimiento Tributario de 0,37% del PIB (0,27% del PIB por impuesto a la renta, 0,08% del PIB por IVA y 0,02% del PIB en otros impuestos).
La evidencia y las alertas de los expertos
El Consejo Fiscal Autónomo recordó que la evidencia recogida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra que reformas de naturaleza similar que buscan reducir la evasión dependen de un cambio conductual.
Las cifras de los primeros años de aplicación muestran que el FMI tenía razón. Como Colegio de Contadores, expusimos en su momento la debilidad de sustentar estas estimaciones en un informe de evasión poco confiable.
La economista Cecilia Cifuentes, docente del ESE Business School de la Universidad de los Andes, también mencionó las alertas que antes se levantaron. Las cifras muestran que la recaudación que está generando la LCT está generando menos ingresos de lo que proyectó el Gobierno.
Desde el inicio hubo un amplio consenso en que 1,5% del PIB era una recaudación demasiado optimista, siendo más probable un tercio de lo proyectado.
El socio líder de CCL Auditores Consultores, Javier Jaque, apunta a problemas en los escenarios que se utilizaron para calcular los ingresos por ley. ‘Se dijo en su oportunidad que los cálculos de recaudación eran en base a situaciones en las que se presumía que iba a haber un desincentivo importante en el proceso de elusión y evasión, y formalidad. A nivel económico, no han estado las señales en esa línea, por ejemplo, con la formalización o con elementos que den cuenta de una mayor presión fiscal relativa a reducir la evasión y elusión. Se pretende llegar a un resultado de menor evasión haciendo lo mismo. Estos deben ser los elementos por los cuales hay una brecha entre lo que se proyectó y lo que se está recaudando’, explicó.
El recorte de US$ 3.000 millones que instruyó Jorge Quiroz
Tal como adelantó El Mercurio en febrero, el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó a los secretarios de Estado que acompañarán al Presidente electo José Antonio Kast que ejecuten el primer ajuste fiscal que realizará el gobierno entrante.
Por medio de un instructivo, se considera un recorte de gasto de US$ 3.000 millones durante el primer año de la nueva administración.
Este monto se suma a los US$ 800 millones que decretó el saliente Ejecutivo para 2026, después de haber informado un tercer desvío consecutivo de la meta de déficit fiscal.
El total del ajuste de desembolsos que espera impulsar el próximo gobierno es de US$ 6.000 millones.
¿Medidas prudenciales?
La LCT estableció que, transcurridos tres años desde la entrada en vigencia de la normativa, el Ministerio de Hacienda debe contratar una evaluación externa que se pronuncie sobre la implementación y aplicación de las medidas contenidas en la norma.
Debe referirse, al menos, a su efecto sobre la recaudación fiscal, su impacto en la actividad económica, sus efectos distributivos y el cumplimiento de los compromisos en materia de gastos adquiridos durante la tramitación.
Adicionalmente, la reforma previsional dispuso que si el informe de sostenibilidad de la LCT revelara una menor recaudación que la esperada, no compensada por otras fuentes, la transición en el incremento de la cotización adicional con cargo al empleador podría extenderse de 9 a 11 años.
