Los socios de CCL Auditores Consultores junto a los socios del estudio Brzovic, analizaron las reformas más importantes contenidas en la Ley de Pacto Fiscal.
Por parte de CCL, expuso la directora de Tributación Internacional, Javiera Campos y desde el estudio peruano participó la asociada principal, Lisset López.
La práctica nos indica que para combatir la evasión es necesario que los contribuyentes vean que sus impuestos son un real aporte a la sociedad, con dineros utilizados de forma eficiente. De esta forma, no sólo se debe atacar la moral del contribuyente, sino que es el Estado quien debe demostrar que administra y asigna eficientemente los recursos.
La directora de Tributación Internacional de CCL Auditores Consultores, participó como moderadora en la charla organizada por Women in Taxes Chile.
A esta medida, adoptada tras los siniestros en la Región de Valparaíso y que comenzó a regir el 1 de julio con vigencia hasta el 31 de enero de 2025, pueden optar todas las empresas del régimen propyme general y del parcialmente integrado que cuenten con saldos de utilidades tributables acumuladas al 31 de diciembre de 2023 que se encuentren pendientes de tributación.
El gobierno anunció que enviará una ley corta al Congreso para ampliar en un mes la vigencia de esta norma -promulgada este jueves- con la que Hacienda busca recaudar unos US$700 millones. Si bien los asesores tributarios valoraron este anuncio, siguen considerando que no es suficiente si se quiere que sea efectiva. Los parlamentarios, en tanto, también la consideran acotada, pero esperarán conocer más detalles.
Alertan de que las previsiones de ingresos fiscales, especialmente las del proyecto, podrían estar sobreestimadas y afectarían los supuestos fiscales del próximo Presupuesto.
El proyecto estima recaudar los recursos por 1,5% del PIB, sin embargo, existe un importante grupo de expertos que indican que no estaría del todo clara la efectividad de este nivel de recaudación, considerando que se han cuestionado los informes sobre cifras de evasión fiscal utilizados en la definición de recaudación del proyecto y las diferencias entre la evasión del IVA y del impuesto a la renta.
Las municipalidades tienen la responsabilidad de verificar y acreditar de manera oportuna la existencia de una obligación tributaria. El proceder de la Municipalidad de Osorno en este caso, y en otros, es inaceptable, injusto y jurídicamente improcedente, ya que ha intentado cobrar patentes sin fundamentos legales, basándose únicamente en documentos de su propia creación y sin pruebas suficientes.
Para mejorar su efectividad, sería aconsejable que el Gobierno revisara no sólo el plazo para presentar los antecedentes de respaldo, sino que también el plazo de presentación de la declaración para acogerse a este proceso, adaptándolos a las realidades económicas y sociales actuales. Solo así podría transformar esta oportunidad en un éxito tangible para las arcas nacionales.
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