El director de Impuestos, Felipe Salinas fue entrevistado en el programa Clave Morse sobre el aumento en la tasa de retención de las Boletas de Honorarios Electrónicas que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero del 2024.
Cabe mencionar, que por ley se estableció que el aumento de las retenciones de sueldo será gradual, subiendo 0,75% por cada año, hasta llegar al porcentaje de 17% en 2028.
Es bien conocido que el sistema tributario chileno tiene una base erosionada por distintas exenciones que han sido centro de informes de diversos grupos de economistas, no obstante, lo anterior si bien representa una brecha con respecto a una recaudación teórica, no existe sustento suficiente para indicar que corresponde a evasión o elusión.
Advierten que en el reporte persisten dudas respecto del cálculo de la elusión y existen riesgos de sobreestimación en los montos.
El Servicio de Impuestos Internos hizo público el estudio el exdirector de la entidad, que determina que la brecha de incumplimiento tributario total, considerando IVA y la tasa corporativa, es del orden del 6,5% del PIB para el período de 2018 a 2020. Los tributaristas volvieron a hacer cuestionamientos al informe y a su metodología.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) registró un total de 212 cambios de domicilios tributarios de altos patrimonios al exterior, lo que triplica las cifras anteriores. El SII considera altos patrimonios los que exceden las 6.000 UTA, esto es unos US$5 millones.
De acuerdo con el SII, entre noviembre de 2021 y enero de 2023 eran 48 contribuyentes de altos patrimonios los que habían realizado este proceso, mientras que entre febrero y septiembre de 2023 se sumaron 164. Reforma tributaria, incertidumbre política constitucional y seguridad ciudadana, están entre las razones que ven los expertos para esta aceleración.
Propuestas, que podrían canalizarse en la discusión del pacto fiscal, van desde un cuerpo directivo que reemplace al director nacional, hasta un consejo supervisor y consultivo.
Proponen que la normativa que endurece las penas por ilícitos económicos sea también aplicable al sector público, e implementar marcos de prevención.
Llama la atención el rechazo que se invoca a esta medida desde Hacienda y que se funda en que no se ganaría mucho en eficiencia y que no habría beneficios claros, negativa que contrasta con otra propuesta del gobierno: que la Norma General Antielusiva sea declarada directamente por el SII por cuanto éste sería el estándar OCDE, estándar OCDE que ahora es desechado respecto de la propuesta de la CPC.
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