Por Javiera Campos, directora Tributación Internacional de CCL Auditores Consultores.
Leer columna en El Mercurio Legal.
La nueva repatriación de capitales que propone el proyecto de Ley de antievasión aprobado en el Congreso ha sido presentada como una estrategia clave para capturar nuevos ingresos fiscales, permitiendo al mismo tiempo regularizar las inversiones que han emigrado intensamente en los últimos años del país. Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo podría enfrentarse a obstáculos significativos que impidan cumplir con sus expectativas.
En primer lugar, aunque se busca captar nuevos ingresos fiscales, la persistente salida de capitales hacia jurisdicciones con mejores condiciones legales y tributarias sugiere que muchos contribuyentes podrían no estar interesados en participar en este proceso. Por ello, esta tendencia podría en principio desincentivar el interés de los contribuyentes en acogerse a esta nueva oportunidad de repatriación.
Adicionalmente, el plazo acotado para acogerse al proceso ha sido levantado como una señal de alerta para el éxito del proceso, pues en principio y tal y como está redactada la norma, se prevé podría limitar el universo de contribuyentes que, incluso estando interesados, puedan lograr realizar el análisis respectivo y recopilar la información requerida para hacer la presentación, considerando que enfrentan la ardua tarea de analizar y consolidar información sobre inversiones complejas o de larga data, frecuentemente involucrando a varios miembros de una familia. Por ello, el llamado es a que aquellos contribuyentes que estén interesados en acogerse al nuevo proceso de repatriación inicien el análisis y recopilación de antecedentes lo antes posible, de manera de alcanzar a realizar la presentación antes del 30 de noviembre de este año.
En un esfuerzo por facilitar el proceso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha anunciado que el plazo para la revisión de antecedentes será más flexible. Aunque los contribuyentes tendrán de todos modos hasta el 30 de noviembre de este año para presentar la declaración, ahora dispondrían de entre 4 y 6 meses para entregar la documentación que pruebe la propiedad de los bienes. Se ha indicado que la implementación de estos cambios se realizaría a nivel administrativo, donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitiría una circular y una resolución con instrucciones detalladas para la presentación de solicitudes y el ajuste a los plazos de presentación de los antecedentes.
Sin perjuicio de que se agradece la medida e intención del Ejecutivo en facilitar el proceso, en primer término surgen serios reparos respecto de dicha implementación por vía administrativa, pues implica un cambio al texto expreso de la ley (y no sólo una interpretación), por lo que sería recomendable extender el plazo por vía legislativa a través de una ley corta (que también podría ampliar plazos de otras medidas que incluye el proyecto de ley que vencen incluso antes, como es el caso de los convenios de pago con Tesorería), de modo de asegurar su efectiva aplicabilidad.
Frente a estos desafíos, la repatriación de capitales en su forma actual parece enfrentarse a un destino difícil. Para mejorar su efectividad, sería aconsejable que el Gobierno revisara no sólo el plazo para presentar los antecedentes de respaldo, sino que también el plazo de presentación de la declaración para acogerse a este proceso, adaptándolos a las realidades económicas y sociales actuales. Solo así podría transformar esta oportunidad en un éxito tangible para las arcas nacionales.
