Por Carolina Caro, socia Auditoría y Consultoría CCL Auditores Consultores.
Leer columna en Diario Financiero.
En el contexto del caso convenios que se dio a conocer en junio, la Comisión Asesora Ministerial ya le entregó al Presidente Gabriel Boric, su informe con 46 recomendaciones para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, teniendo como base los principios de integridad, transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas. Además, formando parte de este informe, se proponen un conjunto de medidas a fin de fortalecer el control y las auditorías internas en las IPSFL.
Si bien en las últimas semanas hemos tomado conocimiento de posibles casos de irregularidades asociados a transferencias de dinero a dichas entidades sin fines de lucro, no debemos olvidar que muchas de ellas juegan un importante rol social, agregando valor para la economía y sociedad en su conjunto.
Dentro de las medidas informadas, se recomienda para todas aquellas que reciban fondos del Estado sobre las 2.000 UTM anuales: la realización de auditorías externas a sus estados financieros, que cuenten con código de ética, mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés o mecanismos de prevención de irregularidades. Como, asimismo, tener canales de denuncias de irregularidades, y un órgano público que ejerza supervisión, garantice la transparencia en la entrega de la información y sancione a los gobiernos corporativos cuando infrinjan la ley.
Junto a lo anterior, considero importante destacar que los asesores externos privados deberían jugar un rol relevante en el diseño, desarrollo e implementación en el fortalecimiento de los sistemas de control interno de las IPSFL, en particular en los elementos de la buena gobernanza que soportan los pilares de la transparencia, integridad, legalidad, políticas sólidas, participación, rendición de cuentas, capacidad de respuesta, así como en la prevención frente conductas delictivas y prácticas corruptas, pero siempre ajustado y proporcional al tamaño y capacidad de cada organización.
Es por esta razón, y frente a la ausencia de fiscalización, ausencia de sanciones reales por incumplimiento, ausencia de mecanismos de control interno, déficit de auditorías internas en las organizaciones y gobierno, se hace relevante contar con una ley y mayor regulación que permita devolver al mercado la confianza en estas organizaciones, tal como lo plantea el informe de la Comisión Asesora Ministerial.
