Proponen que la normativa que endurece las penas por ilícitos económicos sea también aplicable al sector público, e implementar marcos de prevención.
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Tras conocerse el audio en que el abogado Luis Hermosilla habla de supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el foco se ha volcado sobre qué medidas se pueden tomar hacia adelante para prevenir casos de corrupción dentro de las instituciones fiscalizadoras de delitos económicos.
Dentro de las propuestas de los expertos está la de ampliar la nueva Ley de Delitos Económicos, promulgada en agosto, y que endurece las penas para las personas y empresas. Sin embargo, para Jaime Preiss, socio en Consultoría Legal Tributaria de CCL Auditores Consultores, afirma que el enfoque principal de la normativa es el sector privado, y no el público. En ese sentido, en este último la responsabilidad de las conductas delictuales sigue estando «prácticamente sólo a nivel del funcionario público que participó en el delito».
Preiss indica que se podría evaluar «extender la responsabilidad a los cargos directivos de las agencias fiscalizadoras cuando no ha existido un debido control interno de los funcionarios, incentivando con ello justamente un mayor control previo a la conducta ilícita”.
Sistemas de prevención
Una propuesta, señala Preiss, sería incorporar modelos de prevención de delitos a nivel de las agencias fiscalizadoras, implementando cargos como el oficial de cumplimiento de los modelos. De esta forma, podrían compartir la carga de la Contraloría General, en forma interna, a nivel de cada institución.
