El Congreso despachó proyecto que modifica la gobernanza de Impuestos Internos y perfecciona mecanismos de fiscalización.
La nueva legislación que quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo cuenta con siete ejes, donde los más relevantes apuntan a perfeccionar los procedimientos de fiscalización y a fortalecer la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este último punto fue uno de los más controversiales en el debate legislativo por el control sobre la política tributaria del Servicio, pero también constituye uno de los ejes del acuerdo entre el Gobierno y la oposición que permitió destrabar el trámite.
Consejo supervisor
El eje central de los cambios a la institucionalidad del SII fue la creación de un nuevo Consejo Tributario. Encabezado por el director de Impuestos Internos, será integrado por cuatro consejeros de ‘destacada experiencia y conocimiento en materia tributaria a nivel profesional o académico’, seleccionados por ADP. Su función será emitir opinión sobre las circulares y las estrategias de fiscalización del SII.
Si bien el debate legislativo apuntó a los posibles conflictos de interés vinculados con quienes integren este consejo, la socia de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, dice: ‘No veo ningún riesgo de captura, ya que en la norma aprobada quedó que las opiniones del consejo no son vinculantes, por lo que no será el contrapeso que se había pensado originalmente’. Sin embargo, el socio del Área Legal de CCL Auditores Consultores, Francisco Orellana, considera que la instancia implica un avance relevante, porque ‘efectivamente constituirá un contrapeso a las decisiones del director, lo que también hace menos personalista y más objetivo el valor de las grandes decisiones en que deben intervenir estos nuevos órganos’.
Otro eje relevante de los cambios es el Comité Ejecutivo del SII, integrado por el director y los subdirectores de las áreas de Normativa, Fiscalización y Jurídica. Esta instancia tendrá un rol fundamental en decisiones como determinar cuándo un caso amerita aplicar la Norma General Antielusión (NGA); las acciones judiciales de la institución o las recompensas en caso de denuncias anónimas.
Más fiscalización
Un segundo foco de cambios relevantes dice relación con las disposiciones legales que fortalecen el combate a la evasión y la elusión fiscal. Una de las normas más controversiales en este sentido fue el alzamiento del secreto bancario, que si bien el proyecto original contemplaba llevarlo a una decisión administrativa, se mantuvo con su control judicial. Finalmente, se dio curso a un procedimiento con plazos más acotados que los actuales. Sobre este punto, Pelegrí destaca que ‘quedó mucho mejor que como se había planteado originalmente, con una norma general con autorización judicial y como excepción solicitando acceso directo a los bancos comerciales en ciertas causales’.
Un caso similar se dio en la discusión de mejoras a la NGA, que también mantuvo su control judicial, con un perfeccionamiento en materia de prescripción, plazos, término probatorio y carga de la prueba. Sobre estos cambios, el presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, opina que hay cierta complejidad en que ‘se amplía el rango de hechos potencialmente elusivos, incluso a situaciones donde lo que se requiere es más bien generar certezas a emprendedores e inversionistas, tal como el caso de optar por regímenes especiales de tributación’.
También se incorpora en este punto la figura del denunciante anónimo recompensado para el caso de delitos tributarios.
Una tercera arista dice relación con fiscalizar la economía informal, donde se incorporaron restricciones a las operaciones con uso de efectivo, además de poner término a la exención de impuestos que actualmente aplicaba para los bienes importados con un valor inferior a US$ 41, enfocado principalmente en aumentar la recaudación de las compras a través de plataformas digitales.
