Los expertos tributarios tienen dudas sobre la efectividad de concentrar la carga tributaria en los mayores ingresos, debido a que son pocas personas.
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La reforma al impuesto a la renta va tomando forma. Las distintas materias que el gobierno quiere tratar en este proyecto ya están sobre la mesa. Se bajará el impuesto que pagan las empresas desde 27% al 25% y se creará una nueva tasa de 16% para los propietarios contribuyentes de impuestos finales (rentas del capital), que será retenida al momento de realizar la distribución de dividendos. Esta aplicará solo cuando retiren los accionistas y no si el retiro se hace entre empresas socias.
Adicionalmente, las utilidades distribuidas por una empresa sujeta a este régimen quedarán gravadas por un nuevo impuesto a la primera distribución con una tasa de 4%, independiente de quien sea el destinatario de las utilidades retenidas al momento de la distribución.
De esta manera, la carga total sobre las utilidades generadas por las empresas en régimen general quedaría en 39,5%, en lugar del 44,5% actual, nuevo nivel que según Hacienda se ubicaría un poco por debajo de la mediana de la Ocde.
Para compensar esa reducción del gravamen de primera categoría, ya que este proyecto debe ser fiscalmente neutro, Hacienda propuso subir el impuesto global complementario para los tres últimos tramos de la escala tributaria de las personas: Esto es desde $6 millones hacia arriba.
Este monto es superior a la última propuesta que estuvo sobre la mesa a principios de año y que consideraba alza impositiva para los ingresos desde los $4,5 millones mensuales. Pero si nos remontamos a la reforma tributaria original presentada a mediados de 2022 y que fue rechazada en su idea de legislar consideraba aumentar las tasas del impuesto a las personas desde el cuarto tramo que son quienes tienen ingresos desde $3,2 millones. Ese cambio, según los cálculos que hubo en ese entonces por parte de Hacienda, se esperaba recaudar 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a US$780 millones. Este incremento habría afectado a cerca de 253 mil personas.
Ahora, la nueva fórmula de Hacienda tiene como un universo solo 153.516 personas, el 1,4% del total de contribuyentes. Según estimaciones preliminares, Hugo Hurtado, socio líder de Tax & Legal de Deloitte, la recaudación esperaría sería del orden de 0,15% del PIB lo que se traduce en montos en unos US$510 millones.
En 2023, este grupo de personas pagó impuestos por un monto cercano a US$4.300 millones, que equivale a 1,3% del PIB.
Los expertos tributarios tienen dudas sobre la efectividad de que concentrar la carga tributaria en los mayores ingresos alcance a tener los ingresos estimados, puesto que son pocas personas las que están desde los $6 millones.
Esto, considerando que al menos Hacienda debe recaudar entre unos US$800 millones y poco más de US$1.000 millones, que es la pérdida en recaudación que significa la baja en el impuestos de las empresas de 27% a 25%.
Alberto Cuevas, socio Tax & Legal de KPMG y excoordinador de Política Tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostiene que “se trata de un grupo pequeño de contribuyentes formales, por lo que la elasticidad de su capacidad de contribuir puede verse afectada. Un efecto muy negativo podría ser que se genere un desincentivo a la formalización o aumentos de la evasión y elusión en ese segmento”.
Cuevas no ve consenso en esta materia. “Hay un grupo importante de expertos que ha planteado que en el impuesto a las personas debería más bien ampliarse la base de contribuyentes, usando para eso tasas bajas, pero efectivas de entrada a la tributación personal que ayuden a la formalización. Si solo se si sube el impuesto a los trabajadores o profesionales de rentas más altas, el sistema se desequilibra y puede perder eficiencia”.
Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, menciona que “es una propuesta que afectará mayormente a profesionales asalariados que ganan a partir de esas rentas y no tocará demasiado a los dueños de grandes empresas o grandes patrimonios, que obtienen rentas de otras fuentes distintas a las rentas del trabajo, partiendo por retiros de utilidades, que les permite reconocer como crédito el impuesto pagado por la empresa. Ello puede resultar complejo, ya que se trata de personas que soportan una carga tributaria relevante, que es del orden del 30% de su ingreso mensual hacia arriba, pero que recibe escasas prestaciones de parte del Estado, y carece de mayores posibilidades de planificación”.
Harry Ibaceta, socio de PTL | Prieto Tax & Legal, argumenta que “este aumento suena como una medida que tendría espacio en la discusión, debido a que afecta a una pequeña cantidad de contribuyentes. Sin embargo, las personas que ganan más de 6 millones de pesos, hoy ven afectados sus ingresos con una tasa promedio de impuestos del 10.62%, con una tasa de impuesto del 23% en el tramo máximo de ingresos. Es decir, por cada $100 adicionales que estas personas ganen, deben tributar $23″.
Por ello, dice que “hay que definir hasta qué porcentaje es razonable aumentar la contribución respecto de estas personas, debido a que un ingreso mensual de $6 millones está muy cerca del siguiente tramo que hoy tiene una tasa del 30,4%, cifra que parece razonable”.
Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, también ve como probable que puede impactar en el empleo formal. “El aplicar impuestos a las personas es algo al que siempre se ha recurrido, puesto que es algo simple para tener mayor recaudación, pero tiene un alto incentivo a la informalidad”.
La respuesta de Marcel
Ante la serie de inquietudes que comenzaron a aparecer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó el sentido que se busca con esta reforma tributaria. En primer lugar dijo que “lo que está trabajando el gobierno es una propuesta de rebaja compensada de impuestos a las empresas de menor tamaño y de beneficio a la clase media. Eso significa que mientras hay medidas que bajan la recaudación tiene que haber otras que la suban en la misma magnitud”.
El secretario de Estado explicó que dada la última discusión que se ha dado en estos meses, “en Chile debería estar medianamente claro de qué espacio para reducir recaudación no existe. Si tenemos finanzas públicas muy ajustadas, tenemos muchas necesidades de gasto, por supuesto que no podemos darnos el lujo de bajar la carga tributaria”.
Sin embargo, acotó que “lo que sí podemos tratar de hacer es que la composición de los impuestos sea más favorable al crecimiento. Entonces lo que ha estado trabajando el gobierno es en una reforma que sea pro crecimiento. ¿Por qué es pro crecimiento? Porque por un lado baja la tasa del impuesto de primera categoría a las utilidades de las empresas. En segundo lugar, porque tiene una serie de incentivos directos a la inversión y a la inversión en investigación y desarrollo, e innovación. Y, en tercer lugar, porque modifica el régimen tributario de las pymes, en lo que se ha llamado la ruta del emprendimiento”.
