Los economistas y tributaristas afirman que si bien la recaudación esperada por el alza de un punto en el impuesto a las empresas fluctúa entre los US$350 millones y US$450 millones, siendo menor a los US$1.500 millones que el gobierno prevé obtener por el gravamen al patrimonio, ya se tiene la logística funcionando en comparación con el otro impuesto que es más complejo de fiscalizar. Asimismo, sostienen que esos cálculos de Hacienda están un poco sobreestimados.
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Se viene marzo y el debate tributario volverá a estar nuevamente en primera línea de la discusión legislativa. Los días 7 y 8 del próximo mes la sala de la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto de la reforma tributaria, para luego continuar la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, en su segundo trámite legislativo.
Uno de los temas que genera mayor crítica en la oposición y en el sector empresarial es el impuesto a los altos patrimonios, ya que consideran que afectará la inversión y el ahorro al gravar el stock de los recursos. Frente a ello, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se abrió a que, “si la oposición piensa que este impuesto tiene una serie de problemas, entonces debería plantear una propuesta alternativa, pero que mantenga los objetivos de recaudación y progresividad”, según dijo en una entrevista con Pulso a fines de enero.
Y si bien desde la oposición todavía no hay una propuesta propiamente tal para reemplazar dicho impuesto, desde el empresariado sí han comenzado a surgir algunas opciones que serán presentadas cuando sea invitado a la comisión de Hacienda del Senado.
Y fue precisamente el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien planteó que una de las alternativas que estudian presentar como sector, es reemplazar el impuesto al patrimonio por un alza de un punto en el tributo que pagan las grandes empresas. Si bien sostuvo que esta propuesta ya se la han esbozado al ministro Marcel, todavía faltan los cálculos de cuánto es lo que se recaudaría por esa vía, para presentarla formalmente a Hacienda.
Para el empresariado lo principal es modificar este impuesto al patrimonio, porque afecta el stock y eso a su vez tiene implicancias en la inversión y el ahorro, dicen. Por ello, las fórmulas alternativas estarán enfocadas en mecanismos que graven los flujos, como el impuesto a las empresas.
Actualmente el impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas que están en el sistema semiintegrado es de un 27%. Los dueños o socios tienen derecho a un 65% de crédito, es decir, pueden deducir de su impuesto como persona natural un 65% del 27% pagado por la empresa. Este impuesto ya es considerado alto por varios expertos si se compara con el promedio de los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que es de 23,7%
Menos malo
Por lo mismo, de inmediato la propuesta de la CPC abrió un debate entre los expertos tributaristas y economistas, quienes, si bien no comparten del todo que esta sea la solución, lo ven como un “mal menor” ante lo que sería la aplicación del impuesto al patrimonio.
Los tributaristas
Javier Jaque, socio de Consultoría Tributaria CCL Auditores Consultores, plantea que “el impuesto al patrimonio se ha demostrado que no ha sido eficiente en distintas partes del mundo. Y por ello, versus el impuesto a la renta que, si bien no es lo óptimo, es algo más aceptado por la industria, es más factible que se recaude por el impuesto a las empresas que al patrimonio”.
