El gobierno anunció que enviará una ley corta al Congreso para ampliar en un mes la vigencia de esta norma -promulgada este jueves- con la que Hacienda busca recaudar unos US$700 millones. Si bien los asesores tributarios valoraron este anuncio, siguen considerando que no es suficiente si se quiere que sea efectiva. Los parlamentarios, en tanto, también la consideran acotada, pero esperarán conocer más detalles.
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Fue un tema que comenzó a estar en el debate de los asesores tributarios hace al menos un mes: el acotado plazo que tendría la nueva ventana para repatriar capitales, que en la práctica sería de un mes, puesto que el texto señalaba que comenzaría a regir el primer día del mes siguiente de la promulgación ley, es decir, entre el 1 y el 30 de noviembre.
Sin embargo, desde el gobierno no se pronunciaron y mantuvieron a firme esta norma transitoria que regirá solo por 2024. Eso hasta ahora, ya que anunció que enviará una ley corta para extender la vigencia de las tres normas transitorias que incorpora la ley.
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Hacienda, se enviará un proyecto de Ley corto para extender el plazo de la repatriación de capitales y el de otras medidas para que rijan hasta fin de año, como el término anticipado de juicio tributario, los convenios de pago o preferente con condonaciones y cuotas.
La ventana para la repatriación de capitales es una normativa clave para Hacienda en la nueva ley, principalmente, porque la recaudación esperada por esta norma es prácticamente la totalidad de los recursos que se tienen previstos que ingresen este año a las arcas fiscales.
De acuerdo a la proyección de ingresos estructurales incluida en la Ley de Cumplimiento Tributario -promulgada este jueves-, Hacienda espera contar con $661.579 millones, unos US$713 millones (con dólar a $928 proyectado por Hacienda para 2024), este año. De ese total, $644.077 millones (US$694 millones) ingresarían por la repatriación de capitales. Estos ingresos Hacienda los tiene considerado para suplir los menores recursos por la sobreestimación que hicieron a comienzos de año.
Pero, para que esta extensión se haga realidad, tiene que pasar por el Congreso. Y ahí el escenario es incierto. Los diputados de la Comisión de Hacienda si bien concuerdan en que el plazo actual es insuficiente y es necesario que se extienda, subrayan que debería ser más allá de diciembre de este año. No obstante, afirman que primero tienen que conocer el detalle del proyecto para luego poder analizarlo con más propiedad.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Bianchi, (Independiente) afirmó que la extensión del plazo más allá de noviembre “es necesaria, porque de lo contrario materialmente se vuelve una norma inútil para los fines esperados: recaudar impuestos que dábamos por perdidos”. Con respecto a su postura en la votación argumentó que “decidirá su voto una vez que escuche los argumentos del ministro Marcel y las posiciones que se den dentro del debate”.
Por su parte, Miguel Mellado, diputado RN, también concuerda en que es necesario ampliar los plazos, pero más allá de este año. “La ley corta para extender los plazos me parece adecuado, pero que el plazo sea todo el 2025 para que sirva y cumpla con las expectativas que el gobierno tiene de esa recaudación”. Mellado subraya que “respaldo para ampliar los plazos va a haber, pero el tema es que nosotros queremos decirle al gobierno que mande una ley corta que efectivamente sirva”.
Y Agustín Romero (Republicano) critica al gobierno: “Si el ministro Marcel escucha poco a la oposición, lo hace menos con los expertos. Dentro de las críticas que se hacían, varios expertos señalaron que el plazo era muy corto, pero el ministro está más empeñado en sacar a delante esta reforma a la rápida con tal de anotarse un triunfo”. Con respecto a su votación, dice que “primero se debe mirar con atención la norma, pero no voy a votar con una pistola en el pecho”.
La visión de los expertos
Entre los asesores tributarios el anuncio fue bien recibido, puesto que era algo que ellos venían planteando hace tiempo. Sin embargo, consideran que el plazo de ampliación es breve y por ello no alcanzará para cumplir la meta de recaudación.
Alberto Cuevas, socio de Tax & Legal de KPMG en Chile, afirma que “el plazo sigue siendo breve. Sólo en recopilar los antecedentes en promedio la demora es más o Menos de 30 o 45 días, de acuerdo a la experiencia anterior”. En ese sentido, el experto agrega que “hasta ahora ha habido poco interés. En nuestro caso sólo 4 personas habían preguntado. Se va a hacer algo más de promoción, especialmente ahora que salió para consulta pública la circular del SII”.
Hugo Hurtado, socio de Tax & Legal en Deloitte menciona que “el plazo adicional aún lo consideramos demasiado acotado, porque efectivamente son solo ocho semanas. Esto es complejo, teniendo presente que la circular publicada en consulta por el SII este viernes tiene bastantes exigencias que son similares a la de los años anteriores”.
Hurtado añade que “este plazo acotado puede tener un efecto en la recaudación, recordando que estamos hablando de casi US$700 millones, y hemos visto que hay clientes que están interesados, pero al mismo tiempo nerviosos de si tendrán la información suficiente o no para respaldar la declaración”.
Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, indica que “es probable que un mayor número de personas considere utilizar el beneficio, aunque en mi opinión el plazo sigue siendo muy breve”. Esto, porque “el procedimiento exige, no olvidemos, la realización de una tasación para los diversos tipos de bienes, como también reconstituir toda su historia para efectos de explicar la naturaleza y origen del incumplimiento tributario asociado. Creo que dos meses de plazo sigue siendo poco”.
Loreto Pelegrí, socia del Área Legal y Tributaria de PwC Chile, se suma a esa misma mirada, puesto que dice que “aún puede ser poco el plazo considerando el que existió en el 2015″, que fue de un año.
Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax & Legal, sostiene que “la ampliación del plazo es absolutamente insuficiente para un procedimiento de esta envergadura”. Por ello, afirma que “lo más razonable es extender el plazo hasta el 31 de marzo o 30 de abril del próximo año. Ese es un plazo razonable que permite a los contribuyentes analizar bien la decisión, analizar todos los antecedentes involucrados”.
Y Javiera Campos, directora de Tributación Internacional de CCL Auditores Consultores, plantea que “probablemente el proceso tendrá mayor éxito en recaudación al que se anticipaba hace unas semanas. Sin embargo, sería cauta en afirmar si se logrará el objetivo propuesto”.
